Participación Ciudadana advirtió que el auto de no ha lugar dictado a favor de los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta vuelve a poner en entredicho la capacidad del sistema judicial dominicano para responder con firmeza en procesos complejos de corrupción. Su coordinadora general, Leidy Blanco, afirmó que la decisión deja en evidencia obstáculos estructurales en la lucha contra ese delito y obliga a revisar si las fallas están en la elaboración de los expedientes acusatorios o en la valoración judicial de las pruebas.
La reacción de la organización surge después de que el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional excluyera del proceso penal a Castillo y Peralta en la fase preliminar del caso Calamar, al estimar insuficientes las pruebas aportadas por el Ministerio Público para llevarlos a juicio de fondo. Para la entidad cívica, la resolución no debe interpretarse únicamente como un resultado favorable para los imputados, sino también como una señal de alerta sobre el desempeño de las instituciones encargadas de investigar y juzgar la corrupción administrativa.
Blanco sostuvo que la decisión deja abiertas dudas sobre la calidad de los expedientes preparados por los órganos de persecución y sobre los criterios empleados por los tribunales para determinar si corresponde abrir un juicio. A la vez, el anuncio del Ministerio Público de que apelará los autos de no ha lugar mantiene vigente un debate que va más allá de este caso y refuerza la exigencia de rendición de cuentas sobre el manejo de los expedientes de mayor relevancia pública.