Tras años de apagones prolongados y un deterioro atribuido en el debate a la falta de inversión, la corrupción y los malos manejos posteriores a la estatización del servicio en 2007, el parlamento de Venezuela aprobó el martes una reforma para permitir la inversión privada en el sistema eléctrico. La ley fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional.
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, explicó a la prensa que la medida permitirá que un privado genere electricidad y la suministre a cambio de una tarifa establecida, con la intención de elevar una oferta que hoy se mantiene muy por debajo de la demanda. El cambio llega además después de otras reformas en hidrocarburos y minería impulsadas por el gobierno de Rodríguez, en un escenario de fuerte presión de Washington desde la captura en enero de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense en Caracas.
La reforma se aprueba mientras los cortes de electricidad continúan afectando a varias regiones y el país requiere más generación tanto para impulsar su industria petrolera como para cubrir la demanda de la población. Aunque el gobierno insiste en que “la primera prioridad son los venezolanos” y en mejorar sus condiciones de vida, entre los ciudadanos también pesa otro efecto de la crisis: el cansancio por los apagones diarios y la expectativa de que la salida pueda traducirse en tarifas más altas.