Los datos del presupuesto dominicano entre 2005 y 2026 ponen en duda la idea de que un mayor gasto se traduce de forma automática en más crecimiento. En ese lapso, el Gobierno central elevó su gasto desde 14.99% del PIB en 2005 hasta 19.54% en 2024 y 19.10% en 2025. Sin embargo, ese avance no estuvo acompañado por una expansión equivalente de la inversión pública, sino por un mayor peso del gasto corriente y de los intereses de la deuda, lo que evidencia una brecha entre el discurso sobre desarrollo y la composición efectiva del gasto.
La comparación entre etapas refuerza esa lectura. El gasto pasó de un promedio de 15.89% del PIB en 2004-2012 a 18.84% en 2021-2024, pero dentro de ese aumento 2.59 puntos del PIB se concentraron en gasto corriente primario y 1.64 puntos en intereses, mientras el gasto de capital retrocedió 1.28 puntos. La propia estructura presupuestaria muestra ese corrimiento: la inversión equivalía a 24.21% del gasto total en 2005, alcanzó 29.03% en 2012 y bajó a 12.90% en 2024. Al mismo tiempo, los intereses subieron de 1.00% del PIB en 2005 a 3.50% en 2024.
El balance final es el de un Estado más grande, pero no más inversor, con una señal de alerta para la gestión pública y para cualquier discusión sobre reforma fiscal e impuestos. Si el presupuesto aumenta por consumo y deuda, y no por obras y bienes de capital, la discusión deja de ser solo cuánto recauda o cuánto gasta el Gobierno dominicano y pasa a centrarse en qué resultados entrega y bajo qué controles. Ahí, la fiscalización de Hacienda y el escrutinio del Congreso sobre la calidad del gasto adquieren un papel central ante una tendencia que las propias cifras describen como incómoda e inestable.