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Construir una vivienda en el Gran Santo Domingo ya cuesta 6.42% más que hace un año

noviembre 9, 2026 · Redactor
Construir una vivienda en el Gran Santo Domingo ya cuesta 6.42% más que hace un año
Foto: eldinero.com.do

El incremento medido por la ONE confirma una presión sostenida sobre el costo habitacional; en medio de las dificultades para financiar una compra y completar el inicial, lo que refuerza la necesidad de vigilancia sobre la respuesta pública.

Levantar una vivienda en el Gran Santo Domingo resulta hoy 6.42% más caro que hace un año, de acuerdo con el boletín mensual de septiembre de 2026 del Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas (ICDV), elaborado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) con datos de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi). La cifra vuelve a poner presión sobre el acceso a una casa propia, en un escenario donde también pesan las trabas para obtener financiamiento y reunir el inicial.

El indicador subió de 235.84 puntos en septiembre de 2025 a 251.08 en septiembre de 2026, y acumuló además un alza de 6.28% entre diciembre de 2025 y septiembre de 2026. Si se compara con agosto de este año, cuando marcó 250.81 puntos, el índice avanzó 0.22 puntos, equivalente a una variación mensual cercana a 0.09%. Más que una oscilación aislada, la secuencia muestra que la presión de costos continúa sobre la construcción y termina repercutiendo en los hogares.

Por tipología, las viviendas unifamiliares de un nivel registraron el mayor índice, con 261.30 puntos y una variación mensual de 0.05%; las unifamiliares de dos niveles alcanzaron 253.21 puntos, con un aumento de 0.10%; las multifamiliares de cuatro niveles llegaron a 245.48 puntos, con 0.19%; y las de ocho niveles o más marcaron 244.15 puntos, con 0.01%. El informe también indica que, por grupos de costos, las herramientas encabezaron las alzas mensuales con 2.86%, seguidas por las maquinarias con 0.37%, una señal de alerta sobre un problema que sigue encareciendo la vivienda y exige vigilancia pública sobre la capacidad de respuesta de las autoridades locales y nacionales, incluida la gestión en la capital encabezada por Carolina Mejía.